El pasado mes de junio, Lima tuvo la oportunidad de recibir a una misión de expertos del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene el encargo de recopilar información y posteriormente proponer mejoras a la regulación de nuestro país.
La OCDE es un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre políticas económicas y sociales, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, como es el caso de Perú.
En la sede del MEF, la misión de la OCDE se reunió con representantes del Congreso de la República, Poder Ejecutivo y de los gremios empresariales, entre ellos, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). En la sesión de trabajo con los consultores de la OCDE se han identificado los principales problemas y trabas que genera la regulación peruana que limita las inversiones nacionales y extranjeras y por ende el desarrollo del país.
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PROBLEMÁTICA
Algunos problemas que presenta la regulación peruana:
(i) la mayoría de leyes no sustentan adecuadamente el costo beneficio de las mismas.
- (ii) El Congreso carece de expertos y asesores especializados en las distintas comisiones ordinarias, que deben ingresar por concurso público de méritos. (iii) Las autoridades piensan que los problemas se resuelven con nuevas leyes, las mismas que no se cumplen.
- (iv) Las leyes no son oportunamente reglamentadas, por lo que no se aplican cabalmente.
- (v) Las unidades productivas en nuestro país son muy heterogéneas, por eso no deben darse leyes generales, que no corresponden a su realidad.
- (vi) Las normas son frondosas y no son claras, lo que promueve su aplicación discrecional por los funcionarios encargados de su fiscalización.
- (vii) Existen muchas formalidades que deben cumplir los administrados, cuya omisión genera sanciones excesivas.
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES CCL
Por estas falencias en la regulación peruana, la CCL expuso ante la Misión de la OCDE, un resumen de las propuestas y recomendaciones presentadas al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, orientadas a mejorar la actual regulación, a fin de promover una mayor productividad, competitividad y el desarrollo empresarial.
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
- Para impulsar la simplificación administrativa se requiere liderazgo permanente en los tres niveles de gobierno.
- Ya existen leyes suficientes, lo que falta es cumplimiento, en todo caso debe expedirse un Texto Único Ordenado que facilite su difusión, fiscalización, y cumplimiento.
- Se debe repotenciar la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.
- Se debe establecer un cronograma para que las 2600 entidades públicas aprueben sus TUPAS estandarizados y los costos que cobran por los trámites, bajo responsabilidad.
- Las resoluciones del Tribunal del Indecopi de carácter general, deben ser de aplicación para todos los administrados y no solo para el denunciante.
- Para judicializar las resoluciones del Tribunal del Indecopi se debe exigir autorización y sustentación del titular de la entidad pública denunciada,
- El Indecopi debe ser la única autoridad encargada de aplicar sanciones a las entidades y funcionarios que generen trabas burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad.
EN MATERIA TRIBUTARIA
- El estudio y propuesta para los cambios tributarios debe encargarse a una Comisión Multisectorial Permanente (integrada por representantes del sector público y privado), adscrita a la Comisión de Economía del Congreso, para que las normas tributarias sean claras, eficientes y equilibradas, que permitan una mayor recaudación pero respetando los derechos básicos de los contribuyentes.
- Se debe restablecer el artículo 81 del Código Tributario, para no volver a fiscalizar al mismo contribuyente que ha demostrado cumplimiento de sus obligaciones.
- En las fiscalizaciones debe primar el fondo del tema y no las formalidades irrelevantes, que permanentemente generan drásticas sanciones.
- Los comprobantes de pago que reúnan los requisitos mínimos establecidos deben sustentar gasto o costo tributario.
- Se debe acentuar el control de los informales y evasores de manera que se amplíe la base de contribuyentes.
- Los pagos en exceso deben ser compensados o devueltos oportunamente, por cuanto generan sobrecostos financieros a las empresas.
- Se debe repotenciar las normas para promover la exportación de servicios, actualmente tienen limitaciones y sobrecostos tributarios.
- Se debe fijar la caducidad de los pagos adelantados del IGV (retenciones, percepciones y detracciones) que generan sobrecostos administrativos y financieros a las empresas.
- La Sunat, en vez de fiscalizar insumos químicos, minería informal y otros, debe asumir su responsabilidad de recaudar directamente los pagos adelantados del IGV.
- Se debe simplificar los procesos de reclamación tributaria, ahora engorrosos e interminables, entre otras.
EN MATERIA LABORAL
- Es necesario simplificar las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, en especial para las pequeñas empresas.
- La legislación laboral – régimen general – debe adecuarse a los estándares de la regulación de otros países de la Región con quienes competimos.
- El Congreso debe revisar las 20 leyes aprobadas sobre licencias y permisos indiscriminados.
- Se debe corregir la Ley MYPE que impide la constitución de nuevas empresas de giro distinto y trabajadores nuevos, no registrados anteriormente en la planilla del mismo titular.
- Se debe facilitar la formalización de las microempresas, otorgando seguridad jurídica (laboral y tributaria), respecto del periodo informal.
- Se deben mantener los regímenes laborales de MYPES, agrario y contratación en las exportaciones no tradicionales, entre otras.
Revista de la CCL. Julio de 2015, Nº 683